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2017-04-25 09:53:38



CONVENCIÓN DE CANALISTAS DEBATE SOBRE CÓDIGO DE AGUAS, CARRETERA HÍDRICA Y PIDE MEJORAR COLABORAC

(24 abril 2017) La posición de los usuarios de agua en el debate de la reforma al Código de Aguas, las previsiones de otro año de probable escasez de agua, y la propuesta de la Carretera Hídrica, fueron los principales temas debatidos por las asociaciones de usuarios de aguas en Viña del Mar.

La Confederación de Canalistas de Chile, Conca, realizó la 9ª Convención Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua, que reúne a asociaciones de canalistas, Juntas de Vigilancia del norte, centro y sur del país, funcionarios públicos, agricultores, académicos y empresarios del sector, con el propósito de intercambiar conocimientos, conocer las problemáticas actuales y proponer soluciones a las crecientes demandas del agua. Al encuentro asistió el presidente de La Junta, Andrés Correa; los directores Alfonso Dominguez y Leonardo Witting, y su gerente, Robert Hilliard.

Código de Aguas
Para Fernando Peralta, presidente de la Conca, generar confianzas es clave para tener una mirada optimista en el escenario actual: “Hemos iniciado desde el 2014 la labor de la generación de confianza con el sector público y seguiremos discutiendo para que respeten los legítimos derechos de los usuarios”.
Respecto a las modificaciones del Código de Aguas, expresó dudas respecto de la capacidad del aparato público para hacer frente a los cambios. “Generamos canales y mantenemos obras cuyos costos no son menores, comparado con la capacidad y presupuesto de la DGA”, argumentó.
Peralta precisó que “el presupuesto anual de la DGA es de $5.500 millones y las OUA destinan $50 mil millones anuales, casi 10 veces la capacidad actual del Estado, y que en las modificaciones al Código de Aguas se aumenta la intensidad de atribuciones a la institución pública sin dotarla de los méritos para ello. “Queremos una DGA que tenga los medios para cumplir sus funciones”, precisó Peralta.

La Carretera Hídrica
Una propuesta esperada era el proyecto creado por Juan Sutil, gerente de la Corporación Reguemos Chile, para crear la Carretera Hídrica para Chile. La propuesta consiste en crear un río longitudinal entre las regiones de Biobío y Coquimbo, poniendo en riego un millón de hectáreas actualmente sin agua, generando energía, empleo (hasta un millón de empleos) y una matriz productiva que impulsaría a la agricultura como uno de los principales motores productivos del país.
Este proyecto estrella de Sutil pretende aprovechar parte del volumen de agua que se escurre por los cauces por las precipitaciones, que en el caso chileno, es de 53.000 m3 por persona al año, ocho veces la media mundial de 6.600 metros cúbicos por habitante, y fue presentado en 2016.

Sus promotores valoran la rentabilidad social del proyecto y esperan que el MOP pueda llegar a licitarlo a consorcios, tal como se hizo con la Costanera, o que los US$20 mil millones en que el equipo de Sutil estima el costo del proyecto, sean concesionados y pasen al cabo de 20 años al Estado.
“Es un proyecto de bien común para las generaciones futura. Tenemos que converger en una voluntad que nos lleve a un Proyecto País y tenemos que construir para darnos cuenta que estas cosas deben resolverse y primar el sentido común. Son ideas de desarrollo que se han pensado desde hace años y en distintos gobiernos y hoy existe la capacidad técnica para ejecutarlos”, explicó Sutil.

Región de O´Higgins y la reforma
En representación de la región, expuso el presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región, Patricio Crespo, quien dio a conocer la labor que realiza la organización que agrupa a 9 Juntas de Vigilancia pero sin duda el foco principal de interés estuvo en el trabajo que realizan para ser parte de las discusiones sobre la reformas del Código de Aguas.

“Los parlamentarios quieren transformar el derecho de aprovechamiento de agua, que es un derecho de propiedad, a una concesión. La concesión es un permiso que te dan limitado en el tiempo y que te pueden caducar por no uso o por no inscripción. En cambio, la propiedad se pierde de una sola manera: expropiando y pagando indemnización”, indicó Crespo.

Para Crespo el derecho que tienen los agricultores está amparado en la Constitución “son propiedad del titular los derechos de agua reconocidos u otorgados conforme a la ley, entonces el problema aquí es que quieren modificar los derechos al margen de la Constitución”, precisó.