Detalle Noticia

2018-01-04 12:16:08



TC IMPIDE QUE DIRECTOR DE AGUAS PUEDA ORDENAR USO DE FUERZA SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL

(04 enero 2018) Un duro revés sufrió en el Tribunal Constitucional (TC) la reforma del Código de Aguas en materia de fiscalizaciones y sanciones.

La mayoría de los magistrados del organismo declaró inconstitucional varios artículos de la iniciativa legal que fue enviada por la Cámara de Diputados.

Uno de los cambios más polémicos es el artículo N° 138, modificado por el artículo 1, que deroga la facultad judicial de autorizar el uso de la fuerza pública, cuando se ordene la paralización de obras o labores que se ejecuten en cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con autorización y que pueden ocasionar perjuicios a terceros.

Con la modificación, la Dirección General de Aguas (DGA) podía solicitar a la autoridad directamente el uso de la fuerza pública policial.

El fallo del TC cuestiona que con esto quedaba a la "mera discrecionalidad (del director de Aguas) la apreciación de un posible peligro o perjuicio y pudiendo, sin control jurisdiccional preventivo alguno, impetrar directamente el auxilio de Carabineros".

Los ministros de mayoría consideraron además que sea una autoridad que está en Santiago la encargada de autorizar el uso de la fuerza. De esta manera se mantiene la atribución en los intendentes y gobernadores.

En el fallo del TC se sostiene que esta disposición del proyecto vulnera el artículo 76 de la Constitución, en cuanto al ejercicio de la función jurisdiccional de los tribunales de justicia, y su función exclusiva para la resolución de controversias en el marco de un debido proceso ante una posible afectación de los derechos de un particular o de terceros.

Además, estiman que vulnera el artículo 19, N° 3 y N° 76, al eliminar garantías del acceso al juez independiente e imparcial y del debido proceso.

El TC argumenta que la autorización judicial permite determinar si se requiere o no el uso de la fuerza, constituyendo ello una garantía para la persona frente al poder de la Administración del Estado, y de cara a posibles actuaciones arbitrarias de la autoridad.

La decisión fue adoptada con el voto en contra de los ministros Carlos Carmona, Gonzalo García y Domingo Hernández.

Los magistrados consideran que la norma es constitucional y no comparten la opinión de que la Constitución haya entregado "a los tribunales el monopolio para disponer el auxilio de la fuerza pública".

También difieren de que los tribunales sean los únicos que puedan decidir si hay motivos fundados.

Fuente: El Mercurio.